San Luis Potosí avanza hacia la despenalización del aborto, pero falta legislación

La Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí confirmó que no puede judicializar ni continuar procesos penales contra mujeres que opten por interrumpir voluntariamente su embarazo en las primeras 12 semanas. Esta resolución responde a la sentencia del expediente 765/2024 emitida por el Juzgado Tercero de Distrito, que declaró inconstitucionales ciertos artículos de la Constitución y el Código Penal del estado, en respuesta a un amparo interpuesto por la Colectiva ILE.

Exhorto al Congreso para legislar

Diana Idalia Montiel y Nuria Serrano, integrantes de la Colectiva ILE, explicaron en rueda de prensa que, aunque la despenalización del aborto ya es un hecho en San Luis Potosí, es crucial que esta sentencia se refleje en la legislación estatal. Instaron al Congreso a adaptar las normas penales y la Ley de Salud del Estado antes del 26 de noviembre, fecha límite establecida por las sentencias.

Las activistas destacaron la importancia de una legislación que garantice el acceso seguro y gratuito al aborto en las primeras 12 semanas y que incluya a todas las personas gestantes, no solo a las mujeres. Asimismo, señalaron la necesidad de enmarcar esta reforma desde una perspectiva de derechos humanos.

Críticas a errores en el dictamen legislativo

Montiel y Serrano expresaron su preocupación sobre el dictamen que actualmente se revisa en la Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, señalando que no menciona las sentencias previas del Tribunal Electoral y del Juzgado Tercero de Distrito. Además, subrayaron la importancia de que el lenguaje sea inclusivo y considere a todas las personas gestantes.

Con esta sentencia, la Colectiva ILE espera un avance en la regulación de servicios de salud y la eliminación de riesgos sanitarios en una práctica común que, hasta ahora, ha permanecido en la clandestinidad.